Acta de reunión del CD de FICH del 25-09-2012

CONSEJO DIRECTIVO

25 de setiembre de 2012.

13º Sesión Ordinaria.

13º Reunión.

En la ciudad de Santa Fe, a los 25 días del mes de setiembre de dos mil doce, siendo las 17:20 hs., se da comienzo a la 13º Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídri- cas de la Universidad Nacional del Litoral (CD), bajo la presidencia del Sr. Decano, Ing. Mario Isaac SCHREIDER con la asistencia de los Sres. Consejeros convocados oportunamente y que a continuación se detallan:

CONSEJEROS PRESENTES:

CONSEJEROS AUSENTES (CON AVISO):

Se procede a dar lectura y se pone a consideración el Acta Nº 12, correspondiente a la 12º Se- sión Ordinaria de fecha 10 de setiembre de 2012.

APROBADA.

ASUNTOS ENTRADOS

1

2

3

Asuntos Entrados Fuera de Nomina

4

HOMENAJES, MANIFESTACIONES Y PEDIDOS DE TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS

La Consejera Silvina SERRA expresa: Compartimos con Ustedes el análisis elaborado por las Agru- paciones Independientes de Estudiantes y Graduados de la UNL: Andamio (FHuC), Martín Fierro (FIQ) y Mate (FICH). Esperamos su opinión.

Consideraciones sobre un curioso proceso de reforma estatutaria.
"Fundar la garantía de una paz fecunda en el artículo conminatorio de un reglamento o de un esta- tuto es, en todo caso, amparar un régimen cuartelario, pero no una labor de ciencia."(Extraído de Ma- nifiesto Liminar de la Federación Universitaria de Córdoba, 21 de junio de 1918).
La decisión de reformar el estatuto de la UNL emana –formalmente- de la Asamblea Universitaria
realizada en el año 2009. Como tantos otros temas, éste se institucionaliza como una resignificación taimada, hecha por el oficialismo, de cuestionamientos e iniciativas de un conjunto de docentes y es- tudiantes que, hacía tiempo, ponían de manifiesto la necesidad de revisar cuestiones concretas de las disposiciones estatutarias. Del actual proceso de reforma parecen haberse escabullido los actores y los objetivos, las posturas y los intereses, la historia y las luchas.
Desde las Agrupaciones Independientes de la UNL (ANDAMIO, MARTÍN FIERRO Y MATE) entende- mos que cualquier consideración sobre el Estatuto y su reforma necesita partir del reconocimiento de que éste debe funcionar como una herramienta de resguardo de derechos y de que su transformación no puede realizarse con la exclusión deliberada de la inmensa mayoría de las voces de la Universidad, con el solo pretexto de que no son "representativas". El "aggiornamiento" tan recurrido por las autori- dades no es un proceso natural, y la ley no brota espontáneamente: es redactada, refrendada y aplica- da por mujeres y hombres con adscripciones políticas e institucionales concretas, y su sentido es pro- fundamente político. Por ello, el camino de la desinformación y de la participación ficcional son, hoy más que nunca, decisiones políticas.
Los derechos son reales y efectivizables si y sólo sí los sujetos forman parte de su construcción, de su contestación y de su defensa. Los derechos no son derechos si se otorgan como dádivas. Por ello, concebir la reforma de un instrumento legal que los resguarde mediante procesos que excluyen la voz de las mayorías es, en el mejor de los casos, una contradicción y, en el peor, una burla.
Entendemos que cualquier propuesta de modificación debe partir de un reconocimiento fehaciente de estas condiciones, porque no hacerlo es avalar el estado actual de desconocimiento generalizado, que es una de las herramientas clásicas y más caras de los gobiernos ilegítimos y que resulta indignan- te si tenemos, aún, el objetivo de que la Universidad llegue a ser motor de justicia, de igualdad, de democracia; que deje de ser una isla habitada por una población cada vez más restringida y "selecta".
Por ello, retomamos a continuación algunos de los "desafíos" presentados públicamente por el Rec-

5

tor y la comisión de asesoramiento técnico para la reforma del Estatuto para contextualizar nuestras críticas y propuestas:
"Reconocer y resignificar la historia de la UNL. Dar cuenta de sus raíces reformistas."
El ejercicio honesto y responsable de revisar la historia es, antes que nada, hacer aflorar todos los discursos que formaron y forman parte de la misma. La Asamblea Universitaria realizada en el año
2009 tuvo como protagonista a la necesidad de desterrar la práctica del voto cantado para elegir a las autoridades ejecutivas (rector y decanos).
En la actual discusión por el estatuto, ha desaparecido este reclamo de la agenda. Esta ausencia es llamativa, considerando que otro de los desafíos expresados por el rector es el de "profundizar el espí- ritu democrático" del estatuto y, por ende, de la Universidad.
Reconocer la historia es también situarla. Hablar de modificaciones al estatuto sin mencionar que
nos hallamos en una etapa de institucionalización avanzada del modelo universitario, cuyo enforza- miento comienza en el año 2000 la gestión de Mario Barletta, es cínico. En este sentido, la comisión técnica expresó la "necesidad" de incorporar al estatuto la transferencia de recursos públicos al sector privado (como los SAT, y el vínculo con los padrinos). Sin la discusión pública y democrática sobre la privatización del conocimiento, el financiamiento condicionado, la defensa de los fines sociales que debe tener el conocimiento producido por la Universidad, esta "necesidad" es exclusivamente el blan- queamiento legal del incumplimiento del actual estatuto. Ya que éste estipula que el conocimiento debe tener fines sociales, pues reformémoslo, e instituyamos el vínculo comercial entre los recursos públicos y el mercado.
A este ejemplo podemos sumar el de la internacionalización y el de la educación preuniversitaria, todas "necesidades" que emergen sin dirección, pero cuyo sentido no se pone a consideración de la comunidad universitaria. ¿Qué modelo de vínculo es deseable para la internacionalización, para la doble titulación? ¿Qué fines debe perseguir en estos campos la UNL? ¿Para quiénes es accesible la educación preuniversitaria? ¿Leeremos en el estatuto que la Ronda y la escuela primaria serán gratui- tas como debe serlo la educación pública?
En estos como en muchos otros tópicos la "democratización", esto es, la participación universal de la toma de decisiones, es una frase hecha, ya que todas estas cuestiones, son desestimadas por "infra- estatutarias". Serán dirimidas no se sabe cuándo, cómo, ni por quiénes.
A través de estos mínimos ejemplos, la "revalorización del espíritu reformista" se revela apenas
como una frase hecha y obligada. En su contexto histórico, la reforma universitaria fue disruptiva, críti- ca, disonante e incómoda y tuvo como eje vertebrador la ampliación de la participación en la toma de decisiones a los actores acallados y sojuzgados. Revalorizarla no es proponer seguir haciendo las cosas como en 1918. No puede ser perpetuar el voto cantado, atesorar la representatividad delegativa y mediada. Eso es una pantomima de aquellos reformistas que la gestión enarbola como mito y, con ello, deshistoriza. Revalorizar la reforma, hacerle justicia, no es otra cosa que defender las banderas de la ampliación plena y constante de la participación, de la inclusión en la toma de decisiones. Es efecti- vizar, de una buena vez, la democracia en el gobierno universitario.
"Ajustarse a los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional (PDI)."
¿Debe el estatuto responder al PDI o el PDI al estatuto? Este "desafío" confirma el sentido político de la reforma: debe ajustarse la ley a aquellas decisiones que la gestión tomó sobre el destino de la Universidad desde el año 2000, en relación servil con una ley que dice rechazar (la LES) y que es con- traria a los principios de educación pública, gratuita y socialmente orientada.
En el contexto de este absurdo, se destaca que el PDI fue construido, decidido e institucionalizado del mismo modo en que lo está siendo esta reforma: desconociendo toda voz que no fuera la oficial y disfrazando de participación mecanismos falaces de "consulta". ¿Cuáles son los filtros aplicados a las opiniones vertidas en esas "consultas"? ¿Cuáles criterios guiaron la selección de qué opiniones serían consideradas y cuáles no?

6

En estos documentos institucionales aparecen definiciones de extensión, enseñanza e investigación que replican la voz de la LES. Nada se cuestiona en el actual proceso de reforma sobre eso. Por el con- trario, la discusión se plantea a partir de ellas. Esto desdibuja la misma definición de reforma, trans- formándola en lisa y llana adecuación.
Este es el verdadero espíritu de esta "reforma". No cuestionar sino refrendar el estado actual de
cosas, impuesto institucionalmente desde el año 2000. Los reclamos de nuestros profesores por la regularización de la carrera docente y por sus derechos políticos (que se restringen al derecho a votar) son ejemplo de ello.
Otro ejemplo de ello es el referido a la composición del cogobierno. Las agrupaciones oficialistas y aspirantes a serlo (FRANJA MORADA Y MNR), en una clara pugna electoralista, "reclaman" mayor re- presentación estudiantil en el cogobierno, viendo directamente a costa de qué otro estamento conse- guirla, sin mención a la condición minoritaria de la representación estudiantil, a la sobrerrepresenta- ción docente y al principio jerárquico con que ésta se organiza internamente, ni al perverso régimen electoral de los graduados.
Tampoco se discute el vaciamiento patente de las funciones de los consejos directivos en favor de las oficinas administrativas y las autoridades ejecutivas. ¿Destacará en negrita el nuevo Estatuto que, en el espíritu de la profundización democrática, serán por fin los órganos colegiados y no los cargos ejecutivos quienes decidan sobre el destino de los fondos universitarios?
Coincidimos con el Dr. Sánchez Izquierdo en que un estatuto no puede legislar para la excepción. A
ello respondemos, sin embargo, que un estatuto, nuestro estatuto, debe legislar por y para la vida de los actores. Por y para el resguardo de los derechos inherentes a una educación pública, gratuita, laica, de excelencia y socialmente orientada. Y para poder lograr esto, es imprescindible que las experien- cias, visiones y reivindicaciones de todos los actores sean parte constitutiva de la formulación de la ley. Caso contrario, la ley se constituye en instrumento de dominación.
Ponemos a consideración nuestras propuestas, teniendo como horizonte un estatuto que se erija en garantía de gratuidad, de excelencia, de inclusión, de diversidad. Un estatuto que se adecue a los principios de una educación realmente pública.
Gratuidad efectiva y universal.
Resulta imprescindible despejar los blancos que el estatuto deja en este sentido, agregando la ga- rantía y defensa de la gratuidad de la educación pública entre los fines descriptos en el Título 1, artícu- lo 2. Esta necesidad se funda en dos formas de arancelamiento abierto y encubierto que actualmente tienen vigencia en la UNL: - el del acceso al conocimiento (cursos, carreras, material de estudio obliga- torio, etc.) así como de los trámites para obtener documentación académica (certificados analíticos, títulos, diplomas). - Y el destino de fondos a proyectos que no son prioritarios (por ejemplo, la fuente del bicentenario), desatendiendo la necesidad de becas de todo tipo, bibliografía, insumos para labora- torios, etc.
En este sentido, entendemos que el reclamo por mayor presupuesto genuino debe ser colectivo y constante ante el gobierno nacional, y que la renuencia de las autoridades al respecto no es más que la complicidad con el modelo planteado por la Nación para la educación superior. Asimismo, es urgente puntualizar los fondos de qué procedencia no pueden ser aceptados, de la misma manera que negar la posibilidad a cualquier tipo de percepción como lo hace el art. 97 f) del cap. 1 del título 5 del actual Estatuto.
Composición del cogobierno.
Este debate no puede desconocer la actual disparidad en la representación de los diferentes claus- tros, así como los principios que la fundan. Lo que puede enunciarse como sobrerrepresentación do- cente (artículos 10 y 20) se halla atado a un fuerte principio jerárquico hacia los otros claustros así co- mo a su interior (artículos 10, 13 y 20). Una discusión que se vincula con lo anterior es el sistema utili- zado para el recuento de votos (D´hondt) que perjudica la entrada de las minorías electorales a los

7

cuerpos colegiados.
Entendemos necesarias la revisión de estas cuestiones, también la de la infrarrepresentación estu- diantil, así como la implementación de la inclusión automática de los graduados al padrón electoral.
Espacio y patrimonio público.
El espacio de la Universidad es público por definición. Desde hace tiempo, las autoridades imponen una política de privatización que abarca aspectos de todo tipo, como la híper burocratización de los mecanismos para la utilización de aulas y espacios comunes, la creación de consorcios, la decisión uni- lateral sobre objetos y espacios públicos, así como la restricción de personas según criterios que van desde un autoritarismo amplio a la discriminación.
La pobre defensa que hace la gestión actual de estas acciones, dice que se trata de administración del espacio, en prevención del "desorden" y la "inseguridad". Entendemos que un uso compartido y negociado del espacio no puede partir de la base de una visión patrimonialista del mismo por parte de las autoridades.
La defensa de la universidad como bien público debe comportar también la defensa del carácter público de los espacios de la universidad, y debe ser explicitado en el estatuto.
Carrera docente.
Cuando hablamos sobre la "carrera docente", lo hacemos sobre el derecho al trabajo digno de nuestros docentes. Por tanto, primera y explícitamente, el Estatuto debe estipular mecanismos trans- parentes y abiertos de ingreso a carrera y explícitamente negar formas encubiertas o abiertas de blan- queamiento de la precariedad o informalidad. En esta clave, los contratos son la negación del derecho a concurso ordinario y refrendar estatutariamente la precariedad que estos suponen no puede ser una opción. La sustanciación de concursos debe establecerse como mecanismo general y universal de ac- ceso a la carrera docente. Las designaciones discrecionales, los injertos reglamentarios como los regis- tros de aspirantes, entre otros, excusados numerosas veces en una aludida escasez de fondos para efectivizar concursos, son prácticas que ponen de manifiesto que la precarización laboral docente no es una consecuencia no deseada, sino una decisión política.
Por tanto, es indispensable el resguardo estatutario explícito del tiempo máximo que cada unidad académica no podrá superar para sustanciar los concursos ordinarios para sus interinos y contratados. Asimismo, la igualdad de condiciones supone en primer lugar la abolición de privilegios. Entre otros ejemplos, es indispensable dejar sin efecto la exención de las reválidas a los consejeros docentes, au- ténticos "fueros" que, hoy por hoy, sólo acentúan la asimetría al interior del estamento y alimentan estadías vitalicias en los órganos colegiados.
Extensión.
La voluntad manifiesta de la gestión de tender hacia la democratización de la universidad es a todas luces incompatible con las formas en que actualmente se decide lo que es o no "socialmente relevan- te" y, por tanto, objetivo de las funciones sustantivas de la universidad. Para el caso de la extensión, este objetivo se contrapone abiertamente con las nociones de "transferencia" y "servicio". La relación sociedad-universidad que ellas suponen es estática y unidireccional y se basa en una noción de cono- cimiento excluyente de las mismas necesidades que se persigue subsanar.
Si las formas en que se determina qué es o no socialmente relevante no son claras, si no se propone estatutariamente un vínculo horizontal entre estos actores ¿qué es, en definitiva, lo que la universidad acaba "transfiriendo" a la sociedad? ¿Qué participación tienen actores no universitarios en la construc- ción de las líneas de trabajo que se abordan?
Investigación.
El mismo sesgo está presente en el campo de la investigación. En primer lugar, las condiciones de acceso a proyectos e instancias institucionales de investigación. Ya desde estudiantes, conocemos sus

8

formas arbitrarias de acceso. Una vez graduados, a la ausencia de una política institucional de inser- ción de los mismos se suma que los posgrados sean pagos y que las becas de doctorado de la UNL sean sólo para docentes de la casa (con la citada falta de universalidad en la transparencia del acceso a ser docente).
Por otra parte ¿qué mecanismos generales se estipulan para definir qué líneas de investigación son
prioritarias? En este caso más que en ningún otro, es patente que la relevancia social del conocimiento generado no es una prioridad ¿Quién define la línea o prioridades de proyectos de investigación? ¿Los padrinos? ¿El "cliente que paga" de los diversos SAT? Son muchos los interrogantes que esta cuestión hace emerger: ¿Cómo puede explicarse el documento vergonzante de la UNL a propósito de los efec- tos de los agrotóxicos en la región? ¿Cómo es que la selección de trabajos de investigación de estu- diantes y graduados privilegia mágicamente aquellas disciplinas y temáticas requeridas desde CONEAU y Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) a través de partidas focalizadas?
La definición del conocimiento como mercancía también alcanza la difusión de las investigaciones, los avances y resultados de las mismas que, lejos de ser de acceso público, están sujetos a compra y venta al ser, por ejemplo, resultado de convenios comerciales. La transferencia del valor producido por la universidad (el conocimiento) al sistema privado no puede ser el vínculo primordial de ésta con la sociedad, y el estatuto debe ser claro al respecto.
Estas y otras tantas cuestiones nos involucran en tanto estudiantes, docentes, graduados, no docen- tes. Nos interpelan desde un sentido profundo, aquel que nos alerta sobre la creciente cantidad de actores sociales que no pueden acceder a la educación en las universidades nacionales. Es sabido que la discusión por el Estatuto no puede abarcar ni dar cuenta de la complejidad de este fenómeno que no cesa de profundizarse. Sin embargo, es nuestra responsabilidad que éste se constituya en una herra- mienta efectiva de defensa de la educación pública, gratuita, laica y de excelencia. Que el Estatuto sea, de una vez, voz de una universidad opuesta a los ciclos de un capitalismo tardío que tiene a la explota- ción como fin, a la exclusión como herramienta de atomización social y enfrentamientos horizontales, y a la indiferencia de tantos como principal refugio. Por ello, la pelea por el estatuto es la pelea de todos.

ASUNTOS CON DESPACHO DE COMISIÓN

9

10

Agotado el Orden del Día, se da por finalizada la 13º Sesión Ordinaria del año 2012, convocando al Cuerpo para la 14 º Sesión Ordinaria, el día 15 de Octubre de 2012, a las 17:00 hs., rogando puntuali- dad y asistencia.
Siendo las 19 hs. se da por finalizada el presente Acta en 11 (once) fojas útiles que son la transcripción sintética de la 13º Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídri- cas.

11

 

 Documentos adjuntos

Descargar